Ingrid Escamilla fue víctima de la normalización del machismo en México no sólo por su feminicidio, sino también por la violación de su derecho a la propia imagen mediante la filtración de fotos de su cadáver a la prensa y las redes sociales. La indignación que provocó este hecho desencadenó la protestas en la Ciudad de México que llevaron a la aprobación de la ‘Ley Ingrid’, que tiene como propósito proteger y preservar la dignidad e intimidad de las víctimas de feminicidio.

LA CHISPA QUE INICIÓ LA LEY INGRID

Ingrid Escamilla, ciudadana de Ciudad de México, había denunciado a su marido por violencia intrafamiliar, pero su denuncia nunca fue investigada. El 9 de febrero de 2020 su pareja la asesinó a los 25 años. Después de su asesinato, su pareja mutiló su cuerpo para intentar ocultar las pruebas. Cuando la fiscalía llegó al lugar del crimen, se grabó un vídeo con el cuerpo de Ingrid y de su marido cubierto de sangre.  

Un agente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana filtró estas imágenes y en poco tiempo circularon por las redes sociales. Los periódicos también utilizaron las fotos de su cuerpo para las portadas, con titulares mordaces como ‘la culpa la tuvo cupido’ y ‘descarnada’.

LA RESPUESTA SOCIAL E INSTITUCIONAL

Esta invasión de la intimidad de la víctima provocó protestas por parte de la ciudadanía. Hubo manifestaciones digitales en las que se usaba el hashtag #ingridescamilla junto con cientos de fotos de paisajes y naturaleza para que no fuera posible encontrar las fotos que habían sido difundidas. También hubo marchas en la Ciudad de México con personas que se dirigieron al palacio nacional para protestar por el silencio de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.

La ciudadanía se enfadó por la revictimización de Ingrid, pues su pareja la asesinó y ahora era la víctima de nuevo tras ser explotada por la prensa y quienes compartían imágenes de su cuerpo mutilado. Asociaciones civiles especializadas en los derechos de la mujer afirman que la presión social causada por marchas es vital en el accionar del estado, y se ve reflejado en la rapidez de la investigación del caso Ingrid.

Después de 9 meses, el responsable de filtrar las fotos de Ingrid fue puesto ante un juez de Ciudad de México y se le suspendieron provisionalmente los cargos, con la obligación de presentarse a firmar periódicamente. Además, el culpable tiene la prohibición de acercarse a las víctimas indirectas de sus actuaciones y la restricción de salir de la Ciudad de México.

LA FORMALIZACIÓN DE LA LEY INGRID

Como resultado de la indignación, se concibió la idea de la ‘Ley Ingrid’. Se trata de una regulación que penaliza a cualquiera que filtre fotos de una escena del crimen. Ahora, casi un año después de los hechos, se ha aprobado una enmienda al código penal local de la Ciudad de México. Esta enmienda impondrá de dos a seis años de prisión a cualquier servidor público o persona que:

‘distribuya, videograbe, audiograbe, fotografíe, filme, reproduzca, comercialice, oferte, intercambie o comparta imágenes, audios, videos, información reservada, documentos del lugar de los hechos o del hallazgo, indicios, evidencias, objetos, instrumentos relacionados con el procedimiento penal’.

La reforma también establece que las penas se incrementarán en un tercio si la información se comparte con el objetivo de atentar contra la dignidad de las víctimas o sus familiares, o si se trata de cadáveres de mujeres, niñas, niños, adolescentes o personas pertenecientes a la comunidad LGBTTIQ+.

EL LEGADO DE INGRID

En 2012, la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos declaró que la protección de los derechos es importante cuando se trata de la publicación de fotos, ya que estas pueden contener información personal o íntima de un individuo o su familia. La Ley Ingrid pretende asegurar que la información personal de una muerte esté protegida y no pueda ser publicada como consecuencia de filtraciones.

Se ha encontrado que la publicación y exposición de imágenes gráficas alusivas a distintas formas de agresión lleva a la normalización de estos actos y a que las personas se insensibilicen ante la violencia. Por tanto, mientras se sigue luchando por eliminar la violencia contra las mujeres es vital que no se desconozca la gravedad de estos delitos. En ese sentido, la Ley Ingrid no sólo defiende la intimidad, sino también supone un avance en la prevención de la violencia mediática de género.

En México, las mujeres enfrentan diariamente la violencia de género y la baja respuesta de las autoridades ante denuncias por estos comportamientos. La ley de Ingrid es entonces un testimonio del poder de los movimientos feministas en México, al igual que lo fue la Ley Olimpia, aprobada  el año pasado y a través de la cual se penaliza la difusión de imágenes íntimas. De esta forma, las mujeres están recuperando su derecho al control de su imagen y sus vidas, a través de cambios en el sistema penal de México.

Alice is a recent German & Hispanic studies graduate from Queen Mary University of London, specialising in literature during dictatorships. Her aspiration is to move to Mexico permanently to teach English and get involved with social justice activism, hopefully returning to the city of Guadalajara where she studied for a semester.

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